La aerolínea, controlada por el grupo español Marsans, fue declarada en quiebra el 19 de enero. En mayo se ordenó la auditoría penal para determinar la posible existencia de irregularidades en el proceso, que de ser detectadas pasarán a manos del Ministerio Público para el eventual procesamiento de los responsables.
En medio de este proceso, el pasado jueves la Superintendencia instruyó la incautación de los ordenadores de la compañía al síndico para poder obtener información contable de la compañía, la que hasta ahora no ha sido entregada a este organismo.
Si la auditoría detecta irregularidades, ésta pasará a manos de la Fiscalía. Eso sumará más antecedentes al proceso que se abrió luego que trabajadores de la empresa, representados por el abogado Ciro Colombara, demandaron a Air Comet debido a deudas laborales por 1,5 millones de dólares al momento de la quiebra.
El Ministerio Público ha encargado realizar una investigación incluso a la Brigada de Lavado de Activos (Brilac) de Investigaciones para obtener más antecedentes en este caso.
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